El empresario que advirtió irregularidades en un proceso de licitación del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) dijo este jueves que está dispuesto a testificar en contra de los funcionarios que ayer fueron cancelados por el Poder Ejecutivo, tras su denuncia..
Pablo Cabrera, propietario de la empresa proveedora de servicios de alimentos “La Z”, asegura que es su deber y está 100% dispuesto a participar como testigo en las audiencias sobre el caso de corrupción. Cabrera no solo adviritó sobre lo ocurrido en Inaipi el 31 de marzo en el proceso para la adquisición de alimentos para enfrentar pandemia del COVID-19, sino que también hizo pública una denuncia en contra de la destituida directora de Compras de la entidad, Maira Martínez.Afirma que hace dos años la funcinaria le pidió un soborno de 30 millones de pesos para favorecerlo con una licitación de 100 millones, hace dos años, y asegura tener las pruebas en contra de Martínez y dice que además hay grabaciones de la reunión que sostuvieron en una plaza comercial, donde ella le citó para hacerle la propuesta, según su denuncia.
“Yo lo tengo bien guardado, lo tengo en las nubes. Si lo estoy diciendo es porque tengo las pruebas, comenzando por quién llama a quién, comenzando por qué yo hago en ese lugar, comenzando porque hay filmaciones”, dijo al periodista Huchi Lora este jueves.
“Tengo que hacerlo. Por tratarse del caso que es no me agrada, pero tengo que hacerlo por el pueblo dominicano, por una situación en la que exista una transformación de lo que estamos viviendo”, afirmó al ser entrevistado en el programa El Día.
Mediante decreto, fueron destituidos el director de operaciones, Ricardo Guzmán; la directora de Compras, Maira Martínez; Juan López, subdirector general de Gestión Institucional; Ramona Hernández, directora Administrativa y Financiera; Alberto José Patxot, director de Planificación y Desarrollo; Stefany Severino Cuello, encargada del Departamento Jurídico, y Clementina Pietier, responsable de Acceso a la Información Pública, quienes serán puestos a disposición de la justicia, según informó Flavio Dario Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
En su denuncia, hecha a través del programa “Esta Noche Mariasela”, el empresario aseguró que en el proceso público solo participaron cuatro empresas y ninguna recibieron la adjudicación del contrato.
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