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SANTO DOMINGO:Fueron trasladados desde la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, hacia sus viviendas Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, a cumplir la prisión domiciliaria que le fue impuesta por su presunta vinculación con el caso de soborno de la empresa brasileña Odebrecht.
El traslado de ambos ex funconarios inició aproximadamente a las 4:30 de la tarde.
A Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y Rodríguez, exdirector del instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), el juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Francisco Ortega dictó el pasado miércoles nueve meses de prisión domiciliaria como medida de coerción.
La vivienda de Segura está ubicada en la calle Carlos del Pozo en la urbanización Renacimiento y la de Rodríguez en urbanización La Castellana. Ambas en el Distrito Nacional.
Se espera todavía el traslado hacia las cárceles La Victoria y Najayo Hombres de los otros imputados en el nombrado caso de sobornos.
De su lado, Ángel Rondón cumplirá la medida de coerción -consistente en un año de prisión- en la cárcel La Victoria. A Najayo, prisión perteneciente al nuevo modelo penitenciario, serán llevados por nueve meses Víctor Díaz Rúa y el abogado Conrado Pittaluga.
En tanto, por seis meses en la misma prisión el ex ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás; Andrés Bautista, presidente del PRM y ex presidente del Senado, y el ex diputado Ruddy González.
Igualmente, cumplirán tres meses en Najayo César Sánchez, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y Máximo De Óleo.
Por el caso, el magistrado Ortega impuso el pago de una fianza de cinco millones de pesos como garantía económica e impedimento de salida contra los senadores Tommy Galán -San Cristóbal- y Julio César Valentín -Santiago-, y el diputado -DN- Alfredo Pacheco, quien fue presidente de la Cámara de Diputados. Estos imputados tienen inmunidad parlamentaria por su condición de congresistas.
Otra de las disposiciones del magistrado Ortega fue la ratificación del desglose del imputado Bernando Castellanos, quien está fuera del país y contra quien se pidió una orden de captura internacional.
Declaró también el proceso libre de costos por tratarse de una fase preparatoria y rechazó todas las excepciones de incidentes “por improcedentes, mal fundadas, y carentes de base legal”.
