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Desafiando las afirmaciones de transparencia y honestidad en su gestión gubernamental.
REDACCION, VTV 32.- A pesar de las afirmaciones recientes del Presidente de la República, Luis Abinader sobre la incidencia limitada de la corrupción en su gobierno, un exhaustivo recuento de casos revela una realidad alarmante y contraria a sus declaraciones en su rendición de cuentas del pasado 27 de febrero.
El programa Toda La Verdad, que se transmite por el Canal VTV 32, conducido por la periodista Odalis Castillo, identificó varios escándalos de supuesta corrupción que necesitan una verdadera rendición de cuentas.
Uno de los primeros casos que generó controversia en el gobierno del Presidente Abinader fue el desembolso de 100 millones de pesos por parte de Tony Peña Guaba, quien dirige el Gabinete de Política Social, para financiar conciertos de artistas durante la pandemia. Aunque este caso no fue considerado penal, sí evidenció la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos.
Miriam Díaz, miembro de Participación Ciudadana, arroja luz sobre las acusaciones contra Peña, destacando la falta de licitación en el controvertido caso de la ayuda a artistas. Según Díaz, este acto, que ha sido una práctica común en el país, implicó la entrega anticipada de dinero a los propietarios de orquestas para presentaciones durante las festividades navideñas. "Lo que se le acusó a Peña fue de que él no había hecho una licitación sobre eso y graciosamente, como se ha hecho tradicionalmente en el país, se les dio una ayuda a los artistas dueños de orquesta para que ellos tocaran durante las Navidades y se le dio un dinero incluso adelantado," explicó Díaz.
La renuncia de Kimberly Taveras, ex Ministra de la Juventud, también levantó sospechas debido a su patrimonio y los contratos del Estado con empresas de su propiedad. A pesar de las investigaciones, no se han reportado avances significativos en este caso.
Manifestó que, en el caso de Taveras, quien es candidata a diputada no se sabe de donde ella saco esa fortuna, porque era muy joven y no había tenido ningún cargo ni ninguna empresa.
Otro escándalo implicó a Luz del Alba Jiménez, sucesora de Taveras en el Ministerio de la Juventud, quien fue destituida tras acusaciones de irregularidades en procesos de licitación. Aunque se revocó su designación como vicecónsul en Barcelona, la falta de transparencia en este caso ha generado dudas sobre el compromiso del gobierno con la rendición de cuentas.
María Teresa Cabrera, candidata presidencial por el Frente Amplio, ha criticado las acciones del Presidente Abinader, señalando un mensaje contradictorio en su gestión. Según Cabrera, este mensaje se contrapone a la idea de rendición de cuentas y transparencia en el gobierno. "Este es un mensaje contradictorio," afirma, "porque mientras concluya, es decir, debió procederse con la investigación, primero a rendirle cuentas a la sociedad que se identificó en este caso y en la medida, si resulta y si resultan infundadas las acusaciones, entonces, obviamente tiene toda la libertad de ejercer una función pública. Pero si se, por el contrario, se encuentran méritos en esas denuncias, entonces lo que correspondía era instrumentar una acusación formal ante los tribunales.”
El fraude en la Lotería Nacional, que resultó en la condena de varios implicados, pero no del principal responsable, Luis Dicent, también alimentó la percepción de impunidad en el país.
El excoordinador de Participación Ciudadana, Pancho Álvarez, destacó la urgente necesidad de reformar y modernizar el Ministerio Público, argumentando que esta institución carece de los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones efectivas. Álvarez señaló que, además de una mayor dotación de personal, el Ministerio Público necesita inversiones tecnológicas que faciliten la investigación de los casos. "Mira, hay múltiples razones," explicó, "una de ellas es, por ejemplo, que el Ministerio Público requiere reformarse, modernizarse, tener más recursos no solamente de personal, sino tecnológicos, que ayuden a la investigación de los casos."
Estos casos han erosionado la confianza de la ciudadanía en las instituciones del país y han puesto en entredicho el compromiso del gobierno de Abinader en la lucha contra la corrupción. A medida que se prolongan las investigaciones y se postergan los resultados, la sensación de impunidad crece y el clamor por una justicia transparente, independiente y eficaz se hace cada vez más urgente en nuestro país.
