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Denuncia grave de intento de asesinato contra el activista de derechos humanos Diógenes Ozuna: La Policía del Almirante involucrada en un ataque brutal
Por Diego Torres
Santo Domingo Este..activista de los derechos humanos Diógenes Ozuna ha realizado una denuncia estremecedora que pone en evidencia un intento de asesinato por parte de agentes de la Policía del Almirante, en un hecho que ha generado una profunda indignación en la sociedad. Según el relato de Ozuna, el ataque ocurrió mientras él cubría una actividad de amigos en un colmado de la zona del Almirante. En un momento de la noche, Ozuna asegura que la policía, sin previo aviso, disparó contra él en dos ocasiones con la intención clara de matarlo.
Sin embargo, lo más aterrador sucedió poco después. Cuando un camión cargado de agentes de la policía llegó al lugar, Ozuna afirma que lo arrollaron de manera deliberada con el vehículo. “Intentaron matarme, no fue un accidente”, denunció Ozuna, quien explicó que logró salvar su vida solo gracias a su rápida reacción y su agilidad para apartarse a tiempo del camión. Si no fuera por esa capacidad de movimiento, el activista asegura que no estaría contando su historia hoy.
En su denuncia, Ozuna no solo responsabiliza directamente a los agentes de la Policía del Almirante, sino también al alto mando de la institución, señalando al general de la Policía en la zona de Invivienda, de ser responsable de este acto de violencia institucional. El activista no ha dudado en afirmar que llevará este caso ante los tribunales, exigiendo justicia y asegurando que no permitirá que este intento de asesinato quede impune. "Este caso no quedará en el olvido, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", expresó con firmeza.
La gravedad de la denuncia ha despertado una ola de repudio a nivel nacional e internacional. Virgilio Almanza, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, condenó enérgicamente el ataque como un "acto brutal y violatorio de los derechos fundamentales de una persona", destacando que este tipo de agresiones no pueden ser toleradas bajo ningún concepto. Almanza afirmó que su organización está preparando un informe exhaustivo sobre los hechos, que será presentado ante organismos internacionales de derechos humanos con el fin de poner en evidencia el abuso de poder de la Policía Nacional y exigir una investigación imparcial e independiente.
"Esto es un ataque directo a los derechos humanos, y no podemos permitir que queden impunes estos abusos", subrayó Almanza, quien recordó que la labor de los defensores de los derechos humanos debe ser protegida, no atacada por aquellos que están encargados de velar por la seguridad de la ciudadanía. Además, organizaciones locales e internacionales de derechos humanos han expresado su apoyo total a Ozuna y han anunciado que se sumarán a las acciones legales que se emprendan para llevar a los responsables ante la justicia.
Este intento de asesinato ha dejado al descubierto, una vez más, la creciente preocupación sobre el abuso de poder y el uso excesivo de la fuerza por parte de algunos sectores de la policía. La denuncia de Ozuna plantea un serio cuestionamiento sobre la necesidad urgente de reformar las prácticas policiales y fortalecer los mecanismos de control y supervisión, con el fin de garantizar que los derechos humanos sean respetados por todas las autoridades, especialmente por aquellos encargados de hacer cumplir la ley.
La comunidad de defensores de los derechos humanos ha manifestado su rechazo total a este tipo de prácticas y ha llamado a una movilización para exigir justicia. Asimismo, se ha convocado una serie de protestas y acciones que buscan visibilizar el problema y presionar a las autoridades para que investiguen a fondo este hecho. Mientras tanto, Ozuna ha asegurado que continuará luchando incansablemente por la justicia, y que no permitirá que este acto de violencia quede en la impunidad.
El caso está lejos de resolverse, y el impacto de esta denuncia está lejos de apagarse. Mientras la sociedad sigue de cerca el desarrollo de los hechos, las autoridades tendrán que rendir cuentas sobre este grave abuso de poder, que no solo pone en peligro la vida de los defensores de derechos humanos, sino que también socava la confianza de la población en las instituciones encargadas de proteger sus derechos y su seguridad.
