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SANTO DOMINGO:“Ahora es que empieza el pleito”, fueron las palabras del empresario Ángel Rondón luego de haber escuchado la decisión del juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, quien lo envió al penal La Victoria por un año, como medida de coerción por el caso Odebrecht.
Previo a su entrada a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva justificó su expresión indicando que ya “tiene un año en las costillas”.
Visiblemente molesto, trató de conversar con miembros de la prensa, mientras los agentes de la Procuraduría intentan entrarlo al edificio y éste con las manos les indica que se esperen.
“El juez ha sido tan irresponsable, como la Procuraduría…”, indicó Rondón, quien fue interrumpido nuevamente por los agentes, a los que éste le pidió con una palabra obscena que lo dejaran hablar.
“No tienen ninguna prueba y se lo he manifestado a todos, no tienen pruebas, entonces, si la justicia es la presión social, entonces deberían ponerle al Procurador la presión social, Irresponsables todos”, concluyó Rondón, sindicado como la persona que pagó sobornos por parte de Odebrecht para la adjudicación de obras en el país, para luego ser introducido al edificio donde guarda prisión a la espera de ser trasladado a la cárcel La Victoria.
Ortega Polanco impuso medidas de coerción contra 13 de los 14 imputados por el caso de sobornos Odebrecht.
En su escrito, el magistrado especificó que en atención al artículo 226, numeral 7 del Código Procesal Penal, se ordenaba prisión preventiva por un año en la cárcel pública de La Victoria, para Ángel Rondón Rijo; nueve meses de prisión preventiva en la cárcel modelo de Najayo para Víctor José Díaz Rúa y el abogado Conrado Enrique Pittaluga; seis meses para Juan Temístocles Montás, Ruddy González y Porfirio Andrés Bautista García, en el mismo centro de reclusión y tres meses para Máximo Leonidas de Óleo Ramírez y César Domingo Sánchez Torres, también en la cárcel modelo de Najayo.
En el caso de Ramón Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, el juez Ortega Polanco ordenó, basado en el artículo 226 numeral 6 del Código Procesal Penal, prisión domiciliaria contra estos imputados, por un lapso de nueve meses.
A los legisladores Tommy Alberto Galán Grullón, Julio César Valentín Jiminián y Alfredo Pacheco Osoria se les impuso la medida de coerción establecida en el artículo 226, numeral 1 y 2, consistente en el pago de una fianza de RD$5,000,000 como garantía económica e impedimento de salida del país.
