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SANTO DOMINGO.- La Marcha Verde aseguró hoy que el documento de denuncia presentado por el procurador Jean Alain Rodríguez en el caso Odebrecht y las recientes declaraciones del ministro Juan Temístocles Montás obligan al Ministerio Público a iniciar una investigación penal del financiamiento de las campañas electorales del presidente Danilo Medina y de las plantas a carbón de Punta Catalina.
El reconocido abogado penalista Miguel Valerio declaró hoy que si los 14 imputados en el caso de sobornos de la empresa Odebrecht es llevado a un juicio de fondo y son hallados culpables, podrían enfrentar condenas de hasta 20 años de prisión debido a la gravedad de los hechos que se les imputan y la gran cantidad de artículos y leyes que han violentado.
“El código penal establece hasta 20 años porque hay asociación de malhechores y estamos hablando de una pena grave pues están incurriendo en soborno, en falsedad de la declaración jurada, lavado de activos, entre otros delitos”, expresó el penalista al tiempo de aclarar que en el país no hay penas acumulativas, por lo que se tiende a imponer la pena de mayor rango según la gravedad del hecho.
Entrevistado por Lorenny Solano para Lo Que Pasó en 7 días de Telefuturo, Valerio destacó que lo que no ha ocurrido en otros países de América Latina se dio aquí, pues Brasil al primer país que le suministra esa información, conjuntamente con el departamento de justicia de los Estados Unidos es a la República Dominicana, y en un solo salto hay 14 personas sometidas a la justicia.
“Es importante destacar que esas 14 personas no son ni culpables ni inocentes en esta etapa de la investigación, solo están siendo imputados por un hecho que la ley sanciona”, resaltó Valerio quien agregó también que en caso de darles prisión preventiva se debe aclarar que no significa que han sido condenados, sino que están detenidos hasta que concluya la investigación y se determine si es necesario un juicio de fondo que presente las pruebas.
Valerio aclaró que existen tres criterios que imperan en la ley para colocar una prisión preventiva y son;1) La gravedad del caso, 2) Que puedan darse a la fuga y 3) Que puedan entorpecer la investigación o destruir evidencia.
“Al ser un caso tan complejo la decisión del juez de aplicar preventiva es muy subjetiva” advierte Valerio destacando que es por esa misma situación que el procurador está solicitando los 18 meses de prisión preventiva.
Con relación al tiempo de duración del proceso penal, el penalista dice que lo mejor es que todo se haga con calma para que los resultados sean correctos.
Según este experto penalista el caso puede continuar en tres vertientes dependiendo de las situaciones que se den; primero que algunos de los imputados se declaren culpables y negocien la sanción, segundo que las pruebas enviadas por Brasil no sean suficientes para lograr una condena y se decida archivar el expediente y tercero acusar, que debe ser con pruebas contundentes que se lleven a un juicio a debatir, es en esa tercera etapa donde se podría producir una condena.
“Al procurador se le ha juzgado a priori y resulta que en la historia dominicana nunca había pasado lo que se ha visto desde el lunes en el país” dijo Valerio enfatizando que según su parecer el procurador ha actuado correctamente, pero que a partir de ahora es que empieza el proceso de investigación.
Explicó además que un juicio penal empieza realmente cuando hay una acusación formal, para lo cual hace falta un año aproximadamente, y una vez que el juez de instrucción valora los elementos probatorios que hayan sido recabados de forma legal es que se va a juicio a debatir el tema y ahí es que se presentan las pruebas, se analizan los argumentos y el juez toma su decisión de culpabilidad e inocencia.
