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El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, llamó ayer a las autoridades judiciales a establecer responsabilidades en el caso de la muerte ficticia de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias “Quirinito”, condenado por homicidio.
Ray Guevara sostuvo que ese acontecimiento requiere de una investigación exhaustiva, estableciendo las responsabilidades correspondientes, de manera que se dé un ejemplo, porque está en juego una vez más la credibilidad del aparato judicial dominicano.
Consideró que es una responsabilidad de las autoridades judiciales hacer todo lo que esté a su alcance para resolver ese caso, a fin de que la sociedad dominicana reciba, como una demostración de confianza, la actuación que hayan realizado.
“La ciudadanía merece, el país merece, que se actúe con la debida responsabilidad y que se dé el ejemplo que todos esperamos”, expresó.Señaló que en ese acontecimiento hay víctimas involucradas, pero también violación a principios legales que se consagran en el ordenamiento de República Dominicana para asegurar la convivencia y la paz social en nuestro país.
Congreso
El presidente del TC fue entrevistado sobre ese caso en el marco de la inauguración del Congreso Internacional de Derecho Administrativo, que se celebran en el país la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo (ADDA).
La Procuraduría informó el martes que Castillo Paniagua (Quirinito), quien es sobrino del exconvicto por narcotráfico Quirino Ernesto Paulino Castillo, no ha fallecido, por lo que procedió a activar su búsqueda y a solicitar a los organismos de inteligencia del país y a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), una orden de captura nacional e internacional.
Por ese caso, la Procuraduría suspendió al médico legista Orlando Herrera Robles, quien el pasado 5 de julio emitió un certificado ficticio, en base al cual al otro día se le expidió una acta de defunción, que declara el fallecimiento por la causa de fallo cardíaco.
Quirinito cumplía prisión domiciliaria en una vivienda del residencial Bety Marie, del sector Paseo de El Río, de San Francisco de Macorís, por disposición de la jueza de Ejecución de la Pena de esa demarcación, Aleida Jiménez Acosta, quien le varió el régimen de ejecución de la condena de 30 años, por homicidio, la cual cumplía en el Centro de Corrección y
Puntualizó que en todas partes del mundo se producen fugas espectaculares, pero enfatizó que también en la mayoría de esos países esas personas son recapturadas y tienen que afrontar de nuevo el imperio de la ley y de la justicia.
