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Por Diego Torres, Santo Domingo , Brisa El presidente del comité de defensa le pide al presidente de la república al procurador general de la república al director de la policía a disponer de sus buenos oficio para que se esclarezca que como es posible que se llevara ha cabo un desalojo.en el sector Juan bos dejando un sardo de un oficial de la fuerza a ería y barios niños Herido y lo grande del caso tenemos en nuestro poder una certificación del abogado.del estado que dice que no ordeno eses desalojo en esa parcela pedimos que sean puesto a disposición de la justicia los responsable Comicios del comité de defensa de los derechos humanos pide la sustitución del general minaya de puesto en vivienda haciendo la sarbedad que no podrá contar con nosotros tenemos la prueba suficiente Aquella vez, en octubre del año 2011, fue el ex alcalde Juan De los Santos quien ordenó desalojar a sangre y fuego a decenas de familias en los Altos de Brisas del Este. Resultado, varios heridos y arrestados.
Los ocupantes de los terrenos fueron lanzados a las calles con el respaldo de la Policía y el uso de maquinarias pesadas, que derribaron todas las viviendas.
De los Santos asumió la responsabilidad por ese brutal y sangriento desalojo.
Vídeo de archivo, 2011
Ahora, próximo a ese lugar, en Los Farallones de Los Frailes, ha ocurrido otro desalojo violento, sangriento y mortal.
Una diferencia importante que llama la atención entre los dos desalojos es que en el primero, Juancito admitió que fue él quien lo ordenó y en el que fue perpetrado el pasado domingo en la madrugada no aparece nadie como responsable de esa acción.
Secretismo absoluto.
Hasta ahora, nadie ha informado oficialmente quién está detrás de este desalojo y se proyecta la imagen de que las tropas policiales actuaron como si fueran integrantes de una banda violenta que se ampara con la autoridad del uniforme y de las armas.
El coronel Frank Félix Durán Mejía, vocero de la Policía Nacional, ha admitido que las tropas policiales actuaron de madrugada en ese desalojo.
El lo admitió públicamente en una intervención telefónica que tuvo en el programa El Gobierno de la Mañana, de la emisora Z101.
Lo hizo a pesar de que él conoce que ninguna ley autoriza a la PN a realizar desalojos de ese tipo durante la madrugada, que en este caso, según los afectados, fue iniciado próximo a las 3.00 am.
Según Durán Mejía, la actuación en ese lugar fue “parte de la planificación que hacen los oficiales cuando van a hacer desalojos de esa naturaleza. Usted sabe que la planificación juega un papel muy importante en esa situación”.
En otras palabras, él admite que los oficiales de Santo Domingo Este que participaron en el desalojo lo hicieron de manera “planificada”, a pesar de que sabían que actuaban ilegalmente al hacerlo a las tres de la madrugada.
¿Todos esos policías y oficiales actuaron por voluntad propia o recibieron una orden?
Es difícil creer que tantas tropas se pusieran de acuerdo para reunirse de madrugada, llegar y rodear el barrio y comenzar derribar casas junto a hombres vestidos de civil y encapuchados sin que mediara una orden de un oficial superior.
¿Quién en Santo Domingo Este pudo dar la orden?
La máxima autoridad en la Dirección de Santo Domingo Oriental de la PNes el general de brigada Jacinto Minaya Herrera, quien no se presentó el día domingo al lugar de los hechos y tampoco se le vio reunirse con los oficiales superiores, generales como él, que iniciaron una investigación.
¿Ordenó Minaya Herrera que sus tropas fueran a desalojar ese barrio a las 3.00 am del domingo? ¿En base a cuál texto legal lo hizo?
Si no fué él, entonces, ¿Quién dio la orden?
Si fue otro quien dio la orden sin su conocimiento, entonces Minaya Herrera carece de control de las tropas y de sus oficiales, algo inconcebible en general un experimentado como él.
¿Qué dirá el general Minaya Herrera de todo esto?
¿Qué pudo haber motivado la participación masiva de las tropas y sus comandantes en una acción ilegal?
Si las tropas decidieron ir, como lo hicieron, fue por que consideraban que hacían lo correcto y, además, que estaban “protegidos” por alguien de “muy arriba”.
Ese “alguien”, al parecer, es sumamente poderoso.
Es tanto el poder que posee maquinarias pesadas y tiene una capacidad de convencimiento que lleva a brigadas violentas a derribar las casas sobre los habitantes en un barrio entero.
Entre este y el que vendió el barrio Los Tres Brazos parece que no hay mucha diferencia.
Están acostumbrados a hacer desalojos de madrugada
La Policía, en su informe, parece que le mintió al país al decir que sus agentes actuaron después de las seis de la mañana. Todos los testigos, sin excepción, aseguran que iniciaron próximo a las 3.00 am.
Sin embargo, tal parece que es costumbre de la Policía facilitar las tropas para realizar desalojos ilegales, incluso de madrugada.
Esta vez el plan les salió mal
De no ser por que alguien le metió una bala en la cabeza al segundo teniente de la Fuerza Aérea de la República Dominicana José A,. Mateo Ogando, el asunto habría quedado sin mayores consecuencias.
Sin embargo, el trabajo salió mal.
Se les dañó.
Ahora no solo se trata de la ilegalidad o no del procedimiento de desalojo, sino que hay una persona muerta y por este crimen alguien tiene que responder.
Quienes planificaron la acción no contaban con que un oficial de la FARD sería asesinado.
Ante esa situación, la Policía dio una primera versión sin antes investigar nada.
Por ejemplo, dijeron que a las 6.20 am sus tropas se presentaron y fueron recibidos con balas y piedras.
Agregan que como resultado de esa “recepción” una persona murió y varias fueron detenidas.
Horas más tarde, cuando los ánimos se caldeaban en el barrio, el Jefe de la PN ordenó la integración de una comisión mixta para investigar el incidente.
Sin embargo, continuaron publicando la matriz de que las tropas se defendieron, sin mencionar la penetración violenta durante la madrugada.
El muerto puede hablar
Es muy posible que Mateo Ogando “diga” quién fue que lo mató de un balazo en la cabeza.
¿Cómo lo haría?
El INACIF ha certificado que la bala se le quedó dentro del cráneo. Además, los parientes de Mateo Ogando se percataron de que hubo entrada, pero no salida de la bala.
Por tanto, los del INACIF la extrajeron y, si siguen los fundamentos de la investigación, deberán ser tomadas las armas de todos los policías actuantes para someterlas a análisis.
Es seguro que el general Minaya Herrera suministró temprano a los investigadores la lista completa de quienes participaron. No debe quedarse nadie.
Volvemos al principio
¿Quién ordenó el desalojo del barrio y la demolición de las viviendas? ¿Fue el Concejo Estatal del Azúcar?
Algunos de los desalojados dicen que ellos compraron las tierras al CEA y otros aseguran que aún la están pagando.
¿Fueron legales esas ventas?
Recordemos lo que sucedió hace algunos meses en San Pedro de Macorís donde una persona mató a balazos a dos locutores por un problema derivado de una venta de terrenos del CEA.
Aquí cualquier cosa puede suceder, sobre todo, si hay funcionarios del CEA involucrados.
Sale a relucir el nombre de un Ministro
Una de las mujeres desalojadas, Dahiana Galán, ha dicho que ella ha escuchado la versión de que, supuestamente, el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, estaría interesado en esas tierras.
Otros dicen que el asunto viene “desde muy arriba”.
Lo cierto es que grandes millonarios están haciendo buen negocio en esas tierras del oriente de Santo Domingo Este, donde crecen urbanizaciones por todas partes.
Todo esto está muy confuso.
Sin embargo, si relacionamos el desalojo del año 2011, con el del 24 de septiembre de este año, más la masiva construcción de edificios y urbanizaciones próximo a la avenida Ecológica, incluyendo la Ciudad Juan Bosch, es posible que nos aproximemos a una idea de lo que sucede en ese entorno.
¿Admitirá el Director General de la PN que este incidente empañe su joven gestión?
De los resultados que arrojen las investigaciones de este caso se conocerá cuál será el rumbo que tendrá en lo adelante la actual jefatura policial.
El el Director General de la PN, mayor general Ney Bautista Almonte, tiene el deber de garantizar que esa investigación no deje ninguna duda en el camino.
Las autoridades deben estar conscientes de que una ilegalidad no se combate con otra ilegalidad.
Y, por demás, la capacidad investigadora de la comisión está colocada a prueba.
