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SANTO DOMINGO: El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, afirmó este martes que debido a que “realizaron una investigación seria y se presentaron miles de pruebas” el juez que conoce el caso Odebrecht debe dar apertura juicio de fondo.“Más de 1,700 pruebas, delatores, la misma empresa que dijo yo entregué sobornos, se la entregué a estas personas, se hizo una investigación seria como nunca se había hecho en la República Dominicana, entonces tiene que haber un juicio ¿cómo no va haber un juicio? Tiene que haber un juicio”, expresó.
Rodríguez dijo que él y el todo el país esperan que el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia Francisco Ortega Polanco envíe a juicio de fondo a los siete imputados sobre el caso de sobornos.
Ortega Polanco dará a conocer su fallo el próximo 21 de junio.
“Es lo que no solo espero yo, espera todo el Ministerio Público, espera todo el país, de que haya un juicio, tiene que haber un juicio en el caso Odebrecht”, afirmó el titular del órgano investigador.
Sobre los pronunciamientos de las defensas de los imputados sobre la supuesta ilegalidad de las pruebas presentadas, entre ellas las obtenidas mediante intervenciones telefónicas que éstos alegan fueron de manera irregular, el funcionario aseguró que es normal que los abogados hagan estas afirmaciones.“Es normal que digan que hay violaciones, que no se llevó el debido proceso y que sus clientes son inocentes”, añadió, luego de encabezar la destrucción de más de seis mil equipos, entre ellos kitipo, bajos y plantas de audio, que fueron decomisados por contaminación sónica.
La audiencia preliminar del caso Odebrecht se inició hace casi un año, pero es en el próximo mes cuando el juez Ortega Polanco dirá si envía o no a juicio de fondo a los imputados del proceso. O por si el contrario decide dictar auto de no ha lugar a favor de algunos o de todos los encartados.
El Ministerio Público mantiene en el banquillo de los acusados, por los 92 millones de dólares que la constructora Odebrecht admitió que pagó para la adjudicación de obras en el país, al empresario Ángel Rondón, representante comercial de la compañía brasileña; al expresidente del Senado Jesús Vásquez (Chu), al actual senador Tommy Galán, por quien el caso se mantiene en una jurisdicción especial.
Además, al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Roberto Rodríguez; al expresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y del Senado, Andrés Bautista; al exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Víctor Díaz Rúa; y al abogado Conrado Pittaluga, supuesto testaferro de Díaz Rúa.
