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Santo Domingo, 6 feb.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) afirmó hoy que constituye “un peligroso desafío” a la institucionalidad electoral que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD ) insista en desconocer la ley del régimen electoral y el mandato constitucional que ordena a la Junta Central Electoral organizar elecciones libres, justas y transparentes.
Permitirse el uso de las mercancías, equipos y materiales del Plan Social de la Presidencia en el proceso electoral, colocaría al partido de Gobierno en situación de “ventajismo” frente a los demás partidos que acudirán a las elecciones municipales de febrero y las congresuales y presidenciales de mayo, advirtió esta tarde el presidente del PRM, José Paliza en un documento.
El legislador dijo que la distribución de grandes cantidades de bienes por parte de las autoridades gubernamentales, a diez días de las elecciones municipales y a 111 días de los comicios presidenciales y congresionales, supone un desequilibrio favorable a los candidatos del partido oficial.Puntualizó que tales acciones son parte de un repertorio de conductas desesperadas frente al resultado electoral adverso que tendrá el PLD para las elecciones municipales de febrero y las presidenciales y legislativas de mayo.
“El pueblo dominicano debe conocer que miles de raciones de alimentos, compradas con el dinero de todos, se están entregando a dirigentes de los organismos intermedios y a toda la estructura política del partido oficial”, aseguró el legislador.
En ese orden, dio que “como principal organización de oposición el PRM está en la obligación de exigir al Gobierno una rectificación de este comportamiento poco democrático y a la Junta Central Electoral cumplir con las facultades que el orden jurídico le otorga”.
Citó que el delegado político del partido ante la JCE, Orlando Jorge Mera, y el equipo jurídico elevaron este miércoles una instancia ante el órgano electoral indicando que de conformidad al artículo 196, párrafo IV, de la ley 15-19 del régimen electoral durante el período de 40 días anteriores a las elecciones municipales y 60 días de las elecciones presidenciales y congresionales están prohibidos los actos inaugurales de obras públicas y los programas de apoyo social o comunitarios extraordinarios.
El PRM presentó ante la JCE una solicitud de medida cautelar para la suspensión de “compras y contrataciones públicas ilícitas”.
El PRM afirmó que la Junta Central Electoral no solo debe limitarse a sugerir, sino que está en la obligación de restablecer la autoridad que le otorga la Constitución de la República a través de una decisión que prohíba la distribución de bienes con fines electorales.
“En nuestro partido, defendemos la dignidad de la persona, auspiciamos el bien común y promovemos la solidaridad con los que menos tienen, pero nunca permitiremos que organización política alguna se aproveche de ellos para manipular su voluntad”, expuso Paliza.EFE
