Ningún gestor gubernamental está obligado a dormir con el enemigo

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Las tareas públicas requieren un sentido de lealtad institucional porque pretendiendo impactar de manera positiva en los ciudadanos, su implementación, traspasa la noción de lo partidario.

Desafortunadamente, el sentido de reparto representa una de las tantas visiones distorsionadas que caracterizan los hábitos de la clase gobernante nuestra, con la gravedad de que todo esfuerzo por cambiar y adecuarnos a la modernidad, choca con la histórica resistencia a ceder espacios de poder.

Anclados en el argumento de que cambiar de partido en la dirección del Estado se transforma en un desplazamiento puro y simple de la empleomanía, se articuló la necesidad de profesionalizar a los servidores públicos.

Y en ese sentido, la dosis de malicia anduvo de la mano del discurso modernizante debido al interés en “colar” en nombre de la carrera administrativa, una alta dosis de militantes, orientados políticamente para asociar su agenda partidaria alrededor de obstruir y/o entorpecer las líneas de corte institucional ejecutadas en áreas esenciales de la gestión oficial.

El reclamo por los espacios de participación en el tren gubernamental de la fuerza electoral victoriosa no puede reputarse como actuación desaprensiva de un club de asaltantes de empleos públicos sino de oportunidad en hacer coincidir los esfuerzos de cambio con nuevos gestores decididos a conectar el sentido de resultados electorales con una visión diferenciadora que, por voluntad de los ciudadanos, ha sido validada en las urnas.

Los ciudadanos al votar favorablemente por la propuesta opositora, identifican el candidato, y a la vez, generan expectativas para una orientación distinta en lo económico, social e institucional.

Así debemos recordarlo: la votación masiva por la oferta del PRM y partidos aliados constituye una luz verde hacia modalidades contrarias a un régimen que por 16 años gobernó la nación. No es sustituir todo el PLD del Gobierno.

Ahora bien, la orientación desde el empleo público será eficiente en la medida que, una gran parte de los servidores, sientan el compromiso por la actuación correcta y apego a valores éticos, desgraciadamente distorsionados por los niveles de fanatismo con que se asume la lucha electoral.

Apelar al respeto por la Ley 41-08 no puede ser sinónimo de incidentar las tareas y ejecución de las políticas públicas emanadas de un mandato popular que señala el rumbo de las autoridades y sus anhelos de cambio. Ningún gestor gubernamental está obligado a dormir con el enemigo.

Cuando un segmento del mando medio en lo militar y policial, fundamentó sus anhelos de que un nuevo Gobierno establecería las bases para cambiar la vieja estructura, sentía en sus corazones el estímulo para que sus familiares votaran el pasado 5 de julio a favor del PRM, pero el gesto también resultaba al observar los privilegios irritantes, el sentido del ascenso relacionado con favoritismos politiqueros, el indecente enriquecimiento de los allegados al poder y el taponamiento de la promoción, violatoria de la movilidad estatuída en su ley orgánica y sello característico del periodo encabezado por Danilo Medina.

De ahí que en la medida que no se promueve la rotación y se colocan oficiales comprometidos y leales al mandato institucional, se abre la posibilidad de que una parte importante de la información de inteligencia se mantenga en manos de altos oficiales, comprometidos con la pasada gestión. Bastante peligroso!

El servicio exterior constituye la materia prima de indignación y muestra de las múltiples modalidades de degradar la relación con el Estado.

Botín de sus cuadros partidarios, refugio de hijos de funcionarios, fuente de gratificación en materia sentimental y vergozosa vocación de cobrar dólares sin nunca asistir a sus respectivas legaciones. Por eso, la molestia de una diáspora que empujaba las aspiraciones del cambio, desde la perspectiva organizacional y la ira del distanciado de la patria.

Lamentablemente, la lentitud en sustituir el ejército de vagos aposentados en la diplomacia no guarda relación con respeto a normas administrativas y mandatos de la ley.

Y siguen ahí, tan campantes y esperanzados en que una mano cómplice llame al político de turno para que le salve la campana.     La lección debe ser aprendida. Tropezar con la misma piedra no es de personas inteligentes.

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