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nicaragüenses están convocados para acudir a las urnas este domingo, con el objetivo de elegir al presidente y vicepresidente de Nicaragua, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.
En las elecciones no podrán participar tres partidos opositores por decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE), mientras que siete aspirantes a la Presidencia por la oposición fueron encarcelados en los últimos meses y dos optaron por el exilio tras conocer órdenes de captura en su contra.
De la mano del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) es el «favorito» para ganar unas elecciones que opositores y defensores de derechos humanos han calificado de «fraudulentas», a la vez que la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, y diversos países, han mostrado sus reservas sobre la legitimidad de los resultados.
En estas cuestionadas elecciones Daniel Ortega, en el poder desde 2007, busca una cuarta reelección, la cual se da como un hecho.
La brutal represión de las libertades civiles y políticas de los opositores del régimen confirma el agravamiento de la crisis de derechos humanos en el país y, a la vez, la falta de credibilidad de un proceso electoral que dista mucho de ser transparente, inclusivo, libre y equitativo, como ha alertado buena parte de la comunidad internacional que no reconocerá los resultados.
El hostigamiento de las voces disidentes se convirtió en el preludio de unos comicios considerados fraudulentos por organismos internacionales, pero aupados por las élites en el poder en Nicaragua, donde resultan alarmantes la falta de independencia judicial, las reiteradas violaciones al derecho de acceso a la justicia, a la libertad de expresión y de prensa, además de vulneraciones de los derechos políticos.
