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Santo Domingo.RD. El señor Opinio Álvarez Betancourt, ex vicegobernador del Banco Central, y su hijo Opinio Alvarez Bisonó han sido acusados de haber distraído aproximadamente unos cien millones de pesos (RD$100,000,000.00), de diversas personas, los cuales tomó utilizando empresas y organizaciones sin fines de lucro como organismos de intermediación financiera, sin contar con la autorización de la Superintendencia de Bancos.
Se indicó que el modus operandi del ex vicegobernador y su hijo, señor Opinio Álvarez Bisonó, consiste en utilizar a la entidad Auto Care y al Centro de Estudios Monetarios y Bancarios (CEMYB), como instrumentos para convencer a las personas de que inviertan sus capitales, a cambio de una tasa de retorno más atractiva que los bancos tradicionales, ofreciendo desde un 10 hasta un 18% del dinero invertido, pero de manera sorpresiva, les informan a los clientes que no cuentan con liquidez para devolver la inversión realizada y los intereses generados, violando con esto diversas disposiciones del código penal y la ley monetaria y financiera.
Una decena de personas han presentado denuncias y querellas por ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, las cuales se encuentran en proceso de investigación, porque se sienten estafados por el entramado.
Además, dos de las víctimas, los señores José Gilberto Brugal y Mabel Mejía han presentado su acusación ante la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
En la referida acusación Brugal y Mejía establecen que entregaron a los señores Alvarez en total la suma de diecinueve millones, ochocientos treinta y dos mil quinientos pesos dominicanos
(RD$19,832,500.00) y doscientos mil dólares entregados en diferentes partidas entre el 15 de febrero del 2008 y el 10 de febrero del 2009 para lo cuál recibirían intereses entre un 8 y un 18 por ciento anual.
Indican que debido a los múltiples incumplimientos en el pago de los intereses de su inversión, decidieron en el 2017 solicitar la devolución de su inversión sin que hasta la fecha hayan podido recuperar la misma, razón por la cual han iniciado los procesos legales correspondientes.
