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Por Julio Benzant
Acogiendo la solicitud de la fiscal María Antonia Sánchez, de Litigación Inicial de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este, un tribunal de esta jurisdicción dictó auto de apertura a juicio a cinco hombres, imputados del secuestro, tortura y asesinato de otro, en un hecho ocurrido en el sector El Tamarindo, en Santo Domingo Este.El juez Máximo Castelar Roa Saint-Hilaire, del Primer Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, dictaminó auto de apertura a juicio contra de Fernando Gabriel Michel (a) Pola, Wilmer Cruz Luperón (a) Mantequilla, Jeisy de Oleo Pérez (a) Patú, Lorenzo Pérez y Jesús Felipe López García (a) Cangrejo.
El grupo son imputados en secuestrar, torturar y posteriormente asesinar a Julio Aníbal Peña Rubio, de 62 años de edad, quien era hermano del exgobernador de la provincia Barahona, Pedro Peña Rubio y primo del comentarista y exdiputado Carlos Peña.
La acusación presentada por la Fiscalía establece que Gabriel Michel (a) Pola confesó que el hecho fue planificado por López García y De Oleo Pérez, quienes crearon un perfil falso en una red social, con el nombre “Daniela”, con la intención de quitarle el dinero a la víctima.
La victima Peña Rubio se trasladó en su camioneta Toyota Hilux, de color negro, año 2022, placa L4423, a la calle Central del sector del Tamarindo II, en donde encontraría con la supuesta “Daniela” y al llegar fue abordado por Cruz Luperón, quien le dijo a la víctima que era primo de la mujer creada en el falso perfil. Además, que ella lo había mandado a buscar, siendo más adelante interceptado por López García, con pistola en mano y los demás imputados.
La víctima fue raptada y llevada a una casa, en donde fue torturado por dos días sin darle agua ni comida y luego lo lanzaron a las aguas del río Ozama, mientras López García se llevó el vehículo a Pedernales con la intención de venderlo.
El cuerpo sin vida de Peña Rubio fue recuperado el sábado 19 de noviembre del 2022, debajo del puente Francisco del Rosario Sánchez, en Santo Domingo Este, por miembros de la Defensa Civil, organismo que desplegó un amplio operativo de búsqueda en las aguas del río Ozama.
Con la investigación y formulación de acusación, representada por el fiscal investigador Florentino Sánchez Sabala, mostró en el tribunal cómo los imputados se constituyeron en asociación de malhechores, para cometer el rapto, robo, tortura, barbarie y homicidio en contra de la víctima.
Estas acciones de los victimarios violan los artículos 65, 266, 295, 304, 379, 382,384, 385 y 386, del Código Penal Dominicano y los artículos 302, 303, 303-I de la Ley 24-97, así como también los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Se espera ahora que la coordinación de los Juzgado de Primera Instancia asigne un tribunal colegiado para realizar el juicio a los cinco imputados, quienes guardan prisión preventiva en la penitenciaría nacional de La Victoria.
