Empresario canadiense acusa a funcionarios dominicanos de corrupción y lavado de activos

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Empresario canadiense entrega pruebas de corrupción a autoridades de EE.UU.
Antonio Carbone implica a funcionarios dominicanos en caso de lavado de activos y desacato judicial


Santo Domingo, República Dominicana (20 de septiembre de 2024).- El empresario e inversionista canadiense Antonio Carbone entregó información y pruebas sobre presunta corrupción de funcionarios del gobierno dominicano, tanto actuales como pasados, a las autoridades estadounidenses que investigan su caso en la República Dominicana. Las acusaciones incluyen asociación de malhechores, lavado de activos y desacato judicial, y señalan a políticos, empresarios y militares.


Carbone afirmó haberse reunido con el agente especial de Homeland Security Investigations (HSI), Timothy Tubbs, quien hasta hace poco se desempeñó como agregado en la embajada de Estados Unidos en el país. "Esta semana tuvo lugar una reunión confidencial en la que Tubbs recibió personalmente pruebas y documentos contundentes que podrían tener un impacto significativo en el país en los próximos meses", declaró el empresario.


En la reunión también estuvo presente el jefe de seguridad de Carbone, el italiano Francesco Polmonari.


Según Carbone, el agente Tubbs también sostuvo encuentros con la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y con el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, para tratar detalles de este caso.


Entre las personas mencionadas en la investigación figuran el diputado Sergio (Gory) Moya, el ministro Neney Cabrera, los empresarios Fernando Arturo Báez Guerrero y Elías Barnictta, el exdiputado Virgilio Merán y Leonardo Lantigua, entre otros. Carbone sugirió que varios de los implicados podrían enfrentar solicitudes de extradición por parte de las autoridades estadounidenses en los próximos meses.


El caso gira en torno a una presunta trama para despojar a Carbone de los bienes de su empresa Dream Corporation, valorados en más de 580 millones de dólares. El empresario ha estado exigiendo la devolución de sus propiedades, alegando que las autoridades del Ministerio Público y del gobierno dominicano han desobedecido una disposición judicial que ordena su restitución.


Carbone citó la sentencia TC/0367/2021 del Tribunal Constitucional, la cual establece la devolución de objetos secuestrados no sometidos a decomiso, mientras las autoridades estadounidenses continúan investigando estas graves acusaciones.

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