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Ministro Bonilla y fideicomiso bajo la lupa: falta de transparencia en contrataciones públicas"
Director de Compras y Contrataciones reconoce que Ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, está vinculado a fideicomiso de empresas
REDACCIÓN PANORAMA. - El director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, confirmó en el programa Toda la Verdad que dentro del fideicomiso Velero At Punta Cana existe una empresa en la que el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, posee más del 10% de las acciones, superando el límite permitido por la ley dominicana. Sin embargo, Pimentel subrayó que las contrataciones realizadas en ese proceso fueron con el proveedor adjudicado, no con la empresa vinculada al ministro.
“La debida diligencia realizada por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) fue bastante simple y no alcanzó a revisar a fondo las verdaderas estructuras de propiedad de los involucrados”, comentó el funcionario en su entrevista exclusiva con la periodista Odalis Castillo de Grupo Panorama. Pimentel enfatizó la necesidad de fortalecer los procesos de verificación para garantizar mayor transparencia en las contrataciones públicas, y destacó la importancia de revisar más profundamente los vínculos empresariales de los involucrados en procesos de licitación.
"No hubo contrato ni pago"
El director de Compras y Contrataciones insistió en que en el caso cuestionado no hubo un contrato formal registrado ni pagos efectuados. Según Pimentel, el proceso fue cancelado luego de la renuncia del adjudicatario del contrato, por lo que no existió beneficiario final. Sin embargo, la situación fue cuestionada debido a la falta de un proceso más exhaustivo en la revisión de las empresas involucradas, sobre todo teniendo en cuenta que la empresa vinculada al ministro Bonilla fue inscrita en el registro de proveedores del Estado, pero fue suspendida debido a incompatibilidades.
"Empresa vinculada al ministro de Vivienda no puede operar como proveedor"
Pimentel también reveló que la empresa vinculada al ministro Bonilla, que forma parte del fideicomiso Velero At Punta Cana, fue suspendida de operar como proveedor del Estado debido a un régimen de incompatibilidad. Esta suspensión ocurrió hace uno o dos años, como medida preventiva. No obstante, se aclaró que el fideicomiso en sí mismo no está registrado como proveedor del Estado, y la transacción que fue cancelada por la OGTIC no se realizó ni con el fideicomiso ni con la empresa vinculada al ministro. En su lugar, el contrato fue adjudicado a un tercero que sí tiene registro activo como proveedor del Estado y en cuya composición accionaria Bonilla no participa.
Cuestionamiento sobre la negociación del alquiler
Una de las críticas más fuertes hacia este proceso fue la relación entre los precios mensuales por metro cuadrado entre el fideicomiso Velero At Punta Cana y el inquilino, Jacinto, y los precios establecidos entre este último y la OGTIC. Los precios eran prácticamente idénticos, lo que cuestionaba la viabilidad de cualquier margen de ganancia para los involucrados. Esto llevó a algunos analistas a sugerir que el objetivo de la negociación no era generar rentabilidad, sino más bien viabilizar la operación mediante un intermediario, protegiendo así a los verdaderos beneficiarios del proceso de adjudicación.
La ausencia de ley de beneficiarios finales y sus implicaciones
Carlos Pimentel advirtió sobre los riesgos que implica la falta de una ley que regule a los beneficiarios finales en las contrataciones públicas. “La ausencia de una legislación que identifique y regule a los beneficiarios finales sigue siendo una debilidad normativa en el sistema de contrataciones públicas. A medida que el sistema se expande con la participación de múltiples entidades y empresas, es fundamental realizar una debida diligencia más rigurosa para evitar los riesgos de corrupción y conflictos de interés”, señaló el director de Compras y Contrataciones.
Críticas a la Ley 340-06
Pimentel también criticó la Ley 340-06, que regula las compras y contrataciones en el país. Según el funcionario, la reforma de 2006, que eliminó muchos de los mecanismos de control y sanción efectivos en el sistema de contrataciones públicas, sentó las bases para un sistema de impunidad que permitió la proliferación de prácticas opacas. “Desde esa modificación, el sistema de contrataciones ha funcionado sin un mecanismo efectivo de sanción o control, lo que ha afectado gravemente la transparencia del proceso”, destacó Pimentel.
El director de Compras y Contrataciones hizo un llamado urgente para la creación de una nueva ley que fortalezca la transparencia en las contrataciones públicas, además de implementar nuevos reglamentos y medidas de debida diligencia para mitigar los riesgos y mejorar la integridad del sistema. “Es necesario un cambio profundo para mejorar el sistema y evitar futuros escándalos que dañen la confianza en las instituciones públicas”, concluyó.
