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El proceso de archivo que benefició a 7 involucrados en el caso Odebrecht retorna a los archivos provisionales y eso le permitirá al Ministerio Público reasumir el proceso.
“El Ministerio Público decidirá si levanta los archivos provisionales y emite un nuevo acto o qué hará”, reveló Wilson Camacho, procurador especializado contra la Corrupción Administrativa, tras el fallo del juez Alejandro Vargas.En su decisión, el tribunal entendió que no procede revocar la decisión emitida a favor de Temístocles Montás, Julio César Valentín, Rudy González, César Sánchez, Bernardo Castellanos, Máximo de Óleo y Radhamés Segura, los cuales cuentan con las firmas del exprocurador Rodríguez y de Narciso Escaño Martínez, procurador general de corte de apelación, que fungió como titular interino de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En vista de que el archivo definitivo no fue notificado a Manuel Jimenez, quien se querelló en esa ocasión , el archivo definitivo no existe, consideró el juez Vargas.
José Alejandro Vargas, en función de juez interino del primer juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dijo que el archivo definitivo dictado a favor de siete de los investigados en el caso Odebrecht no existe ya que el Ministerio Público de la época solo redactó el oficio debido pero no lo notificó a las partes envueltas en el proceso.
Esta decisión se toma un año y tres meses después de que el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, emitiera el auto del archivo provisional en favor de los encartados.
El magistrado José Alejandro Vargas tomó la decisión tras rechazar una objeción presentada por la Fundación Alianza Ciudadana, representada por la abogada Evelin Torres, a cuya solicitud se adhirió la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
“Estos archivos Lo que hizo el ministerio público fue hacer un oficio. Manifestar su intención pero al no notificarla en el plazo que dice la ley a una parte querellante entonces lógicamente los archivos quedan sin eficacia jurídica y por eso el juez entiende que no tiene que anular el archivo ni apoderarse de oficio”, dijo.
El juez, para tomar la decisión, alegó que la Fundación Alianza Ciudadana no cumplió con lo requerido y no es parte del proceso, debido a que no denunció el hecho de supuesto acto de corrupción ni tampoco se querelló en contra de los investigados.
El ex procurador Alain Rodríguez, el 7 de junio de 2018, informó al país sobre el archivo provisional a favor de los siete investigados y del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
Sin embargo, el 27 de septiembre de 2019, emitió un auto del archivo definitivo a favor de los 8 imputados, tras considerar que no encontró evidencias suficientes que indiquen su vinculación en el caso.
En la instancia Alianza Ciudadana pedía al tribunal acoger en cuanto al fondo la objeción y en tal sentido revocar dichos archivos ordenando a la Pepca, continuar y ampliar las investigaciones indicadas en torno a los encartados, debido a las irregularidades de la que adolecen dichos archivos, tomando en cuenta la afectación social de los delitos atribuidos.
