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Vecinos de Buenaventura II demandan intervención del Alcalde Dio Astacio ante construcción ilegal
Por Diego Torres
Santo Domingo Este..La Junta de Vecinos de Buenaventura II ha expresado su preocupación y rechazo ante la construcción de una nave industrial en su sector, la cual consideran ilegal debido a que viola las normativas de uso de suelo establecidas para la zona. La construcción está siendo realizada por una persona que, según los residentes, está infringiendo la resolución 82/2000, la cual aprobó este residencial como un área exclusivamente destinada a viviendas, prohibiendo la instalación de infraestructuras comerciales o industriales.
La normativa vigente establece claramente que el sector de Buenaventura II es exclusivamente residencial, lo que significa que no se pueden construir instalaciones comerciales, industriales ni ningún otro tipo de obra que altere el uso previsto para la zona. La construcción de esta nave industrial, según los vecinos, no solo es ilegal, sino que pone en riesgo el bienestar de la comunidad, afectando la tranquilidad y seguridad del vecindario, además de generar un impacto ambiental y de tráfico.
Lucha por el cumplimiento de la normativa
Lourdes Vásquez, presidenta de la Junta de Vecinos, señaló que la comunidad no descansará hasta que se haga cumplir la normativa de uso de suelo y las ordenanzas municipales. “Estamos luchando por nuestros derechos y por el bienestar de todos los residentes. No permitiremos que nuestras viviendas sean alteradas por intereses ajenos que no respetan las leyes que nos protegen”, afirmó Vásquez.
La presidenta también criticó la actitud de las autoridades municipales, quienes, según ella, han mostrado indiferencia ante la situación. Aseguró que han intentado dialogar con los responsables, pero no han obtenido respuesta ni acciones concretas para detener la construcción ilegal.
Exigencias a las autoridades municipales
La Junta de Vecinos ha hecho un llamado urgente al alcalde de la ciudad, Dió Astacio Pacheco, para que intervenga y cumpla con su promesa de poner orden en el municipio. Los residentes le exigen al alcalde que actúe con prontitud y que respete los compromisos asumidos en cuanto al cumplimiento de las normativas urbanísticas.
Por su parte, el secretario general de la Junta de Vecinos, quien prefirió no revelar su nombre, manifestó que, de no obtener una respuesta favorable de las autoridades locales, la comunidad no dudará en llevar el caso a los tribunales para exigir la aplicación de la normativa y la restauración del orden. “No nos quedaremos de brazos cruzados. Si las autoridades no toman medidas, nos veremos obligados a recurrir a la justicia para proteger nuestro derecho a vivir en un entorno seguro y conforme a la ley”, aseguró el secretario.
Protestas y posibles acciones futuras
A medida que la construcción avanza, los residentes de Buenaventura II han organizado protestas pacíficas frente al lugar de la obra y han convocado a una serie de reuniones comunitarias para mantener informados a todos los vecinos y fortalecer la resistencia. Además, están recolectando firmas y han solicitado el apoyo de organizaciones de derechos urbanos para respaldar su causa.
La comunidad exige que se detengan de inmediato las obras y que se restablezca el respeto por las normativas de uso de suelo. Consideran que la construcción de una nave industrial en una zona residencial no solo vulnera las leyes, sino que también atenta contra la convivencia pacífica y el bienestar de los habitantes de Buenaventura II.
¿Qué puede pasar si no se actúa?
Si las autoridades municipales no intervienen a tiempo, los vecinos temen que se puedan sentar precedentes para futuras construcciones ilegales en áreas residenciales de la ciudad. Además, señalan que la expansión de proyectos industriales en zonas residenciales puede traer consigo una serie de problemas adicionales, como la sobrecarga de servicios públicos, el aumento de la contaminación, y la alteración del perfil urbano de la zona.
Por lo tanto, la Junta de Vecinos de Buenaventura II reitera su llamado a las autoridades para que actúen con urgencia y se haga valer el marco legal que protege los derechos de los residentes.
